Quienes violenten o causen la muerte de un animal en Tabasco enfrentarán ahora una pena máxima de 5 años de prisión y 500 días de multa, así quedó avalado por El Congreso del Estado de Tabasco al aprobar por unanimidad el incremento de las sanciones para quienes cometan actos de violencia o quiten la vida a un animal en la entidad.
La reforma, que busca endurecer significativamente las penas por maltrato animal, fue presentada por el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miguel Moheno Piñera, Este aumento representa un cambio sustancial en la legislación local, elevando las consecuencias para los agresores.
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Esta medida de prisión por maltrato animal en Tabasco, busca asegurar que la crueldad que resulte en lesiones graves, tortura, violación, mutilación o muerte deje de ser considerada un delito menor, y que los responsables enfrenten consecuencias reales que no puedan ser evadidas mediante dinero, acuerdos o pretextos.

Se espera que estas reformas sean publicadas y entren en vigor a la brevedad, marcando un antes y un después en la procuración de justicia para los seres vivos no humanos en Tabasco.
En paralelo a esta importante reforma penal, la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, presidida por el diputado por Nacajuca, Francisco Donaldo López Chairez, sesionó para aprobar un proyecto que reconoce la labor en favor del planeta.
Respuesta a la exigencia ciudadana y prisión por maltrato animal
Colectivos animalistas celebraron la decisión del Congreso, afirmando que Tabasco finalmente se alinea con otros estados que ya han fortalecido sus marcos legales. Argumentaron que estas medidas no solo protegen a los animales, sino que ayudan a combatir la violencia en general, pues diversos estudios vinculan el maltrato animal con comportamientos delictivos.
Las autoridades estatales, por su parte, anunciaron campañas de difusión para informar a la ciudadanía sobre las nuevas sanciones y promover la denuncia de casos de crueldad. También se prevé fortalecer los mecanismos de inspección y colaboración con asociaciones civiles.

