La reciente detención de dos escoltas pertenecientes al equipo de seguridad de Carlos Manzo ha desatado una nueva línea de investigación que apunta a posibles fallas sistemáticas en los protocolos de protección asignados al funcionario. De acuerdo con las primeras versiones oficiales, los elementos habrían incurrido en irregularidades durante un operativo, lo que derivó en su aseguramiento por parte de autoridades estatales.
Los hechos ocurrieron durante una revisión de rutina en la que los escoltas no lograron acreditar de manera adecuada el porte de armas ni justificar ciertos movimientos registrados en días anteriores. Este incidente encendió las alarmas entre las autoridades encargadas de la seguridad pública, quienes consideran que podría tratarse de una falla interna que va más allá de un simple error humano.
Una investigación que apunta a fallas operativas de la detención de escoltas de Carlos Manzo
Fuentes cercanas al caso confirmaron que se está revisando minuciosamente el cumplimiento de los protocolos, la capacitación del personal asignado y la coordinación entre las distintas áreas responsables de la seguridad del funcionario. Se sospecha que pudo haber deficiencias en la comunicación interna o posibles omisiones en el seguimiento de lineamientos tácticos.
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Aunque la Fiscalía los acusa directamente de omisión en el homicidio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla había sostenido previamente que la investigación inicial buscaba esclarecer un posible uso excesivo de la fuerza contra Víctor Manuel Ubaldo, identificado como el agresor del alcalde.
Según esa versión, Ubaldo fue detenido tras perpetrar el ataque, pero en medio de un forcejeo con los escoltas ocurrió un solo disparo que le causó la muerte. Para el mandatario, era ese momento el que debía analizarse para descartar abusos policiales.
Sin embargo, con las nuevas imputaciones, la narrativa oficial se desplaza hacia las presuntas fallas en la actuación de los agentes antes y durante el ataque al alcalde, lo que da pie a interrogantes sobre el protocolo de reacción, su nivel de capacitación, la coordinación interna y la posibilidad de negligencia o complicidad.
Mientras la FGE avanza en la judicialización del caso, fuentes oficiales señalan que las investigaciones continúan y no se descarta ampliar las imputaciones. En Uruapan, uno de los municipios más afectados por la violencia en el estado, la exigencia ciudadana es clara: esclarecer el crimen y depurar las corporaciones de seguridad.
